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Participación Carlos Babot (JLCasajuana Abogados): ¿Tras la publicación del Real Decreto-Ley 8/2.023, en qué momento estamos?

Pues estamos en un momento de muchísima incertidumbre en el sector, tanto para las empresas comercializadoras, como para las estaciones de servicio y gasocentros en relación a si podrán comprar a empresas comercializadoras y entre los operadores petrolíferos en relación a si podrán vender a las empresas comercializadoras.

¿Vamos a ir paso por paso, desde su punto de vista podrán seguir comprando las estaciones de servicio o gasocentros a las empresas comercializadoras?

Desde nuestro punto de vista, que sometemos a mejor parecer en derecho, sí podrán seguir comprando las estaciones de servicio o gasocentros a las empresas comercializadoras por cuanto entendemos que no les afecta en modo alguno el Real Decreto-Ley 8/2.023

¿Y podrán seguir los operadores petrolíferos vendiendo a las empresas comercializadoras?

Desde nuestro punto de vista también por el mismo motivo aludido en la anterior pregunta

¿Sigue existiendo ese clima de pánico tras la publicación del Real Decreto-Ley 8/2.023?

Pues exactamente el mismo sino más.

La gente no repara en que la vigente Ley de Hidrocarburos es una Ley de carácter liberalizador, que suprime las autorizaciones previas (salvo en el caso de los Operadores Petrolíferos) y que, para el resto de los casos, sólo mantiene la autorización de las instalaciones afectas a una actividad (concretamente, la de los distribuidores al por menor CON INSTALACIONES).

Es decir, solo aquellas empresas con instalaciones son recogidas por la Ley de Hidrocaburos en cuanto a la autorización de sus instalaciones, no de su actividad. Por lo tanto, toda actividad está permitida siendo sólo necesario que en el caso de que se tengan instalaciones estas sean autorizadas por el Ministerio de Industria.

Ese es el carácter liberalizador de esa Ley.

Las empresas SIN INSTALACIONES (como puede ser la reventa comercial de producto) no requieren de ninguna autorización por parte de Industria puesto que, como hemos dicho, es una Ley ampliamente liberalizadora.

De ahí que las consultas efectuadas a la Dirección General de Tributos acepten, reconozcan y posibiliten sin ningún tipo de cortapisa a las empresas comercializadoras sin instalaciones.

¿Es ese el espíritu de la Ley de Hidrocarburos?

El espíritu de esa Ley queda reflejado en su exponendo en el que se dice literalmente:

“El refino de petróleo y el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos se regulan desde una perspectiva de mayor liberalización, suprimiendo preexistentes autorizaciones para el ejercicio de la actividad por la mera autorización de instalaciones afectas a una actividad que por la naturaleza de los productos manejados requiere una especial atención. Tan sólo, como excepción, se mantiene la autorización de actividad para los operadores al por mayor que, en el conjunto del mercado de hidrocarburos líquidos, son responsables del mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad, garantía básica del sistema.”

Nótese, a su vez, que la propia Ley habla de distribución y comercialización de productos petrolíferos como dos actividades separadas y diferentes.

Por lo tanto, las actividades (salvo la de Operador Petrolífero) no requieren autorización administrativa, estando así todas permitidas.

¿A raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 8/2.023 se ha efectuado alguna consulta vinculante a la Dirección General de Tributos?

Lo desconocemos a ciencia cierta, pero estamos convencidos de que sí se habrá efectuado por parte de alguna empresa.

Sí somos conocedores que en 6 distintas provincias se han mantenido reuniones con personal de la AEAT y les han manifestado que dicho Real Decreto no afecta a las empresas comercializadoras por ser empresas sin instalación, no tener CAE ni ser sujeto pasivo de los Impuestos Especiales sobre los Hidrocarburos. Según lo manifestado por dicho personal de la AEAT ese Real Decreto sólo afecta a gasocentros, estaciones de servicio y depósitos fiscales.

FUENTE JLCasajuana Abogados

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